By Sesión Solemne de Apertura de Actividades Judiciales Año 2024 Discurso de Orden
Venezuela padece desde hace veinticinco (25) años una guerra de agresión, como todas las guerras imperialistas, que ha tomado formas distintas y actúa en todos los espacios de la sociedad venezolana (económicos, sociales y culturales).
Nuestro país está integrado al sistema capitalista mundial y hasta 1999 era dependiente del imperialismo norteamericano.
En la estructura económica la dependencia era absoluta y era determinante en las relaciones sociales y culturales, sólo subsistía una independencia político-jurídica, formal conquistada a sangre y fuego en nuestra primera guerra de independencia.
En efecto, la victoria de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824 puso punto final a la dominación del imperio español en el continente americano; en esta batalla definitiva los españoles fueron derrotados por el Mariscal Antonio José de Sucre.
Vencido el imperio español, los Estados Unidos, desde finales de 1800, se insertaron en la geopolítica latinoamericana, junto a algunas potencias europeas que competían por el control de los mercados latinoamericanos. Empezó la etapa de la neocolonización inglesa y norteamericana que se decidió a favor de esta última a final de la década de 1920.
Son muchas las razones por las que Estados Unidos deseaba y desea apoderarse de América Latina, ha utilizado y aún se sirve de diversos estratagemas para controlar los ingentes recursos naturales que tiene nuestra región; para dominar el gigantesco mercado, para favorecer los intereses de las empresas estadounidenses, para explotar la mano de obra barata de nuestros trabajadores.
Estos objetivos permiten: la máxima acumulación de capital y una desmesurada rentabilidad para empresarios, comerciantes, banqueros e inversionistas.
Los objetivos estadounidenses solo podían y pueden concretarse mediante el sometimiento político ejercido por Washington sobre los gobiernos de la región.
América Latina desde 1823 ha sido una prioridad en la agenda de la política exterior y de la seguridad de los Estados Unidos.
Recordemos la Doctrina Monroe, la Doctrina del Destino Manifiesto y la Política del Big Stick (Gran Garrote). A partir de las primeras décadas de 1900 las naciones latinoamericanas fueron sometidas al absoluto poder de los monopolios norteamericanos.
Con la explotación del petróleo, iniciada a comienzo de la primera década gomecista, Venezuela se ubicó en la periferia tributaria del capitalismo imperialista: el enclave petrolero de explotación generaba excedentes económicos que eran transferidos a los centros de financiamiento exterior, especialmente norteamericanos.
Señala Enrique Bernardo Núñez (1949) no, nos sería dado hablar de colonización española sin referirnos a otras colonizaciones posteriores. De la inversión de capitales coloniales será preciso escribir voluminosos libros (…) la Real Compañía Guipuzcoana no difiere mucho de las compañías explotadoras de petróleo…
Finalizada la II Guerra Mundial, los EEUU asumen el liderazgo del bloque de los países occidentales.
Los EEUU con los países latinoamericanos firmaron en 1945 el Acta de Chapultepec que consagró el principio de solidaridad en la defensa militar contra cualquier país agresor (léase país socialista) en 1947 se constituyó el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca).
En América Latina se imponen modelos políticos y económicos tutelados por los EEUU y se constituye la Doctrina de la Seguridad Nacional.
En este proceso las fuerzas armadas de los Estados latinoamericanos combatieron y eliminaron en sus países a las organizaciones populares de izquierda y a toda posible subversión social y política.
Para cumplir con este objetivo en los decenios de 1960, 1970 y 1980 realizaron, en nuestros países, golpes militares; establecieron dictaduras, sustentaron democracias representativas muy represivas, como en el caso de la Venezuela del pacto de Punto Fijo.
En definitiva, la finalidad del terrorismo de Estado era eliminar a los potenciales opositores: en Venezuela tuvimos nuestra generación mártir de los ’60, 70 y 80 del siglo pasado.
A partir de la década de 1980, Estados Unidos impuso en América Latina un agresivo sistema económico neoliberal.
El neoliberalismo se caracteriza por un intensivo nivel de explotación laboral, por la mercantilización de la naturaleza en el marco de un fuerte proceso de desregulación económica.
Es una contraofensiva empresarial de los países capitalistas centrales para recuperar la rentabilidad y la tasa de ganancia a costa de los derechos laborales, la mercantilización y la venta, con pérdida, de los bienes públicos.
En efecto, la privatización de las empresas y de los recursos públicos cobró en esas décadas en toda América Latina proporciones masivas, produciendo la desnacionalización de las economías nacionales de nuestros países.
Este proceso debe explicarse como parte de una estrategia económica global que responde a las políticas de los bancos y de las entidades de financiación imperial que socavan, en los países donde se aplican, los Estados de bienestar social, el valor de los salarios, las organizaciones sociales y el poder popular y de los trabajadores.
En el neoliberalismo el Estado cumple la importante función de promover un gobierno empresarial, es decir, actúa favoreciendo los intereses de las élites económicas trasnacionales.
Recordemos que en Venezuela vivimos este proceso: la venta a Iberia de Viasa, en la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, así como, pocos meses antes, la privatización de la empresa estatal CANTV.
No olvidemos la política de “Apertura Petrolera” durante el período presidencial del segundo gobierno de Caldera: en este periodo hubo el intento de vender el 30% de las acciones de PDVSA en la bolsa de New York.
Recordemos también en este período “las rondas” de concesiones de los campos petroleros “marginales” donde el Estado venezolano recibía sólo el 30% de las ganancias, mientras la parte del león se llevaban las compañías extranjeras con utilidades del 70%.
¿Se acuerdan del caso de la REPSOL? que hizo una oferta, sobre la producción que preveía 20.000 barriles diarios y se encontró con un campo cuya producción efectiva superó los 60.000 barriles diarios.
América Latina, sin embargo, ha sido la única región que ha ofrecido importantes resistencias al capitalismo neoliberal. En Venezuela el modelo neoliberal se concretó a través de las políticas del Gran Viraje de Carlos Andrés Pérez y de la Agenda Venezuela de Caldera y Petkof:
- Alta inflación.
- Especulaciones de los comerciantes con acaparamiento de mercancías.
- Ninguna perspectiva de crecimiento económico.
- Alto índice de desempleo.
– Una clase política corrupta.
Como consecuencia de estas políticas neoliberales se desarrollaron:
- Fenómenos de subversión social como El Caracazo del 27 y 28 de febrero de 1989 que fue una gran protesta social de los sectores populares urbanos de Caracas por el encarecimiento de la vida. Fue un estallido, una subversión espontánea, reprimida brutalmente por las fuerzas armadas: la clase política, muy deteriorada confiaba en el uso de la fuerza pública y de la Fuerza Armada para apagar la furia del pueblo.
- Las dos insurrecciones militares de 1992, es decir, la insurrección del 4 de febrero de 1992, en la que participaban 133 oficiales y 967 soldados; el protagonista principal fue el comandante Chávez, y la segunda del 27 de noviembre del mismo año.
Con la llegada a la presidencia, de la República Bolivariana de Venezuela de Hugo Chávez, el 6 de diciembre de 1998 surge la posibilidad real de construir una sociedad alternativa a la propuesta neoliberal.
Se coloca en el centro del debate nacional la necesidad de construir una nueva democracia participativa, protagónica, comunitaria: adquiere importancia lo público, lo común en las relaciones sociales. El reto es edificar una nueva y amplia arquitectura institucional para realizar intereses comunes.
El reto es reconstruir un Estado soberano, también en la economía, a través de la nacionalización real de los recursos y de las industrias estratégicas, que intervenga en las políticas de redistribución de la riqueza social, que exprese un cambio en las relaciones entre las clases sociales, que busque caminos hacia la justicia social y que encare las reivindicaciones históricamente postergadas de amplios sectores de la población.
Nunca como antes la coyuntura política nacional fija su interés sobre las cuestiones de la justicia social, la equidad, del bien común, de la solidaridad. Había, en aquellos años, un incremento de la demanda pública de justicia, igualdad, participación en la construcción de un Estado fundado en nuevos valores más democráticos, más solidarios.
Al llegar a la presidencia de la república, congruente con su promesa electoral, Chávez impulsa la redacción de una nueva Constitución Nacional.
La nueva Constitución de 1999 permite la legitimidad del nuevo Estado Constitucional Social de Derecho y de Justicia, que supera al Estado de Derecho liberal: En efecto, este modelo de Estado se aleja de la configuración liberal del Estado de Derecho, que se apoya en el canon de la igualdad formal entre los ciudadanos.
Nuestra Constitución no contempla una simple democracia política formal, diseña, por el contrario, una democracia social que debe realizarse a través de la democratización económica de la sociedad.
En efecto, una verdadera democracia no puede realizarse, existir si las proclamaciones jurídicas de la libertad e igualdad política no se acompañan de una efectiva igualación, una distribución equitativa económica para todos.
Nuestra Constitución de 1999 se caracteriza por proponer el principio de igualdad sustantiva y no solo formal, entendido como compromiso de los poderes públicos a garantizar iguales oportunidades de desarrollo humano y de efectiva participación a todos a la vida, comunitaria, a la vida nacional.
Un nueva Constitución redefine estructuralmente el Estado al poner a los derechos y a la justicia social como el eje central en torno al cual gira nuestro orden social.
La Constitución de 1999 es el primer ejemplo de una doctrina constitucional conocida como “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”, su rasgo esencial es que la Carta Constitucional se ha producido fundamentalmente con la participación de las organizaciones populares, de los movimientos sociales que han elaborado formas jurídicas y políticas incluyentes; una Constitución sensible a grupos y clases sociales excluidos y marginados en el sistema socio-político neoliberal.
Grupos, clases y actores sociales que recuperaron la independencia, la soberanía nacional, en sus dos vertientes: la interna y la soberanía externa que implica la capacidad de un Estado de tomar decisiones de manera independiente y autónoma sin la injerencia y la tutela de otros Estados o de grupos de poder trasnacional.
Con la nueva Constitución se instala, en nuestra sociedad, el Poder Popular y se avanza hacia una nueva distribución del poder más democrática.
Con la Constitución y el Proyecto Político Bolivariano se cierra, se corta el proceso político que estaba convirtiendo el Estado venezolano en un Estado rehén sometido a la voluntad de grupos muy poderosos trasnacionales y nacionales y a los objetivos geopolíticos estadounidenses.
A partir de este momento, se evidencia, en nuestro país, un conflicto entre dos bloques sociales en torno a la cuestión de la hegemonía: me refiero a dos bloques históricos que pretenden acreditarse como guía hegemónica, es decir, social, moral, intelectual de la nación venezolana; estamos presenciando un conflicto entre dos proyectos sociopolíticos muy diferentes.
Cuando analizamos nuestra realidad nacional observamos una profunda rivalidad entre fuerzas sociales cuya composición de clase es muy distinta.
Esta pugna se manifiesta como una profunda disputa entorno a la naturaleza del modelo económico, cultural y social que debe asumir nuestra sociedad.
Son batallas para afirmar un modo de producir y reproducir la vida social, su sistema de valores, los derechos fundamentales, las idelologías, los sistemas de creencias.
En síntesis, una lucha por el destino de nuestra República. El modelo de país del proyecto chavista siempre se ha sustentado con el amplio apoyo y con la legitimidad de los votos populares. Este bloque histórico está compuesto mayoritariamente por los sectores populares, por los habitantes de los barrios, los campesinos, la clase obrera, los estudiantes pobres, los curas y los militares progresistas, los pescadores y las comunidades indígenas.
Por otro lado, está el bloque histórico opositor conducido por la nueva clase dominante trasnacional, la superclase, vinculada a los aparatos militares y diplomáticos de Estados Unidos y Europa.
Este bloque histórico está representado por los partidos políticos de oposición, por los sindicatos patronales, la CTV, los medios de comunicación, la tecnocracia de PDVSA, profesores, investigadores, líderes estudiantiles de la Universidad Católica Andrés Bello y del IESA, y de otras universidades privadas, por la institución CEDICE, por el Grupo Santa Lucía, por el Grupo Roraima, por el alto clero de la Conferencia Episcopal, y por la OPUS DEI, por grupos militares de alto grado formados en la Escuela de las Américas, por familias y líderes plutocráticos con importante presencia en el ámbito de los negocios y de la banca, ONG, las academias, la godarria.
Este bloque social aspira a retomar el poder político y desde el Estado, imponer en Venezuela su modelo económico neoliberal.
En resumidas cuentas, para los centros trasnacionales de poder privado, para la institucionalidad tecnocrática neoliberal, para los mercados financieros internacionales, para los Estados Unidos, promotor de su soberanía imperial, nuestro Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia representa un gran obstáculo para realizar sus objetivos económicos y geopolíticos en nuestro país.
A partir de la promulgación de la Constitución de 1999, Estados Unidos y el bloque opositor venezolano pretenden reapropiarse del Estado venezolano, reinsertar a nuestro país en el bloque atlántico, reincluir a Venezuela en el concierto de las supuestas “naciones libres” de conformidad con lo dispuesto en la Carta Democrática de la OEA en condiciones de absoluta sumisión.
No pudiendo socavar el apoyo popular al gobierno nacional empezaron a utilizar estrategias golpistas: recordemos el golpe de Estado del 2002 contra la Nueva Constitución y la primera Ley Habilitante que permitió al presidente Chávez promulgar, durante 12 meses, 49 leyes para adecuar el Estado a los dictámenes de la nueva Constitución.
En el noviembre del 2001 fueron aprobadas estas leyes de importancia capital como la de Hidrocarburos, Pesca, Reforma Agraria, Leyes Financieras y la de Impuestos sobre la Renta.
Algunos constitucionalistas del bloque opositor divulgaron en todos los medios de comunicación la tesis de la inconstitucionalidad de las leyes apenas promulgadas.
Quiero destacar que el golpe de Estado del 2002 a nuestra Constitución y a nuestro Estado Social de Derecho y de Justicia inaugura un periodo de golpes de Estado en los países latinoamericanos, que también habían emprendido nuevos procesos constituyentes, que reformaron sus Cartas Magnas desde la perspectiva neoconstitucionalista y refundar así el orden socio político de sus sociedades sobre bases populares. (ver Bolivia 2008, Ecuador 2010).
Me interesa subrayar que, a partir del año 2009, los golpes de Estado en América Latina adquieren una nueva característica: por primera vez se utilizan instituciones jurídicas, instrumentos legales para derrocar gobiernos legítimos antineoliberales y con base popular, en nombre de la democracia y del ordenamiento jurídico. La guerra jurídica es, en los países latinoamericanos, una nueva arma contra el poder popular y la forma constitucional del Estado Social.
La doctrina de la Seguridad Nacional estadounidense ha utilizado al Poder Juridicial, al Poder Legislativo, al Ministerio Público, al Poder Electoral de los Estados latinoamericanos para aniquilar los gobiernos democráticos de los Estados sociales que no actúan al dictado de las oligarquías nacionales de sus respectivos países y de los poderosos poderes internacionales atlánticos.
Esta nueva forma de guerra de agresión, conocida como “guerra jurídica” o “lawfare”, es un procedimiento novedoso de guerra híbrida y asimétrica que los Estados Unidos y sus aliados políticos europeos llevan a cabo como un método para, en determinadas circunstancias, asegurar su hegemonía imperial: se usan procedimientos judiciales de forma ilegítima con el objetivo de una persecución política a dirigentes políticos que respaldan políticas antineoliberales y antiimperialistas.
El uso del sistema judicial otorga un barniz de neutralidad, prestigio y apoliticismo a toda la operación.
Subrayo, entonces, que se usa la ley, y el sistema jurídico nacional y el sistema jurídico internacional para lograr objetivos políticos, económicos y militares favorables a los intereses estadounidenses. Esta nueva forma de agresión jurídico-política se aplicó en Honduras en el 2009 contra el presidente Zelaya, en Paraguay en el 2012 contra el presidente Lugo, en Brasil en el 2016 contra la presidenta Dilma Roussef y Lula, en Perú en el 2022 contra el presidente Castillo, la fiscalía colombiana lo está intentando contra el presidente Gustavo Petro, actualmente.
También al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro se le intentaron armar distintos lawfare, golpes de Estado jurídicos. Voy a referirme al primer golpe de Estado parlamentario que fue invalidado, frenado, anulado, inhabilitado por nuestro Tribunal Supremo de Justicia.
Uno de los objetivos fundamentales de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, mayoría en la Asamblea Nacional del 2015, era encontrar un mecanismo jurídico para finiquitar el gobierno del presidente Maduro.
Los diputados opositores se comprometieron con el gobierno de Washington a realizar, dentro de un lapso de los seis (6) meses subsiguientes a su toma de posesión, una salida jurídica del poder del presidente Maduro.
Plantearon que, entre las distintas posibles salidas, la mejor parecía la vía de la enmienda constitucional.
Posteriormente, la Asamblea Nacional en desacato consideró ilegítima, inexistente la elección presidencial de mayo del 2018, estimó que el único Poder Público del Estado venezolano con legitimidad democrática era la Asamblea Nacional electa el 5 de diciembre de 2015, creando una situación de autoritarismo parlamentario y anulando de hecho las funciones de los otros poderes públicos.
Posteriormente, la Asamblea Nacional decretó así un estatuto titulado “Estatuto que rige la transición a la democracia para reestablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Este instrumento jurídico pretendía, de acuerdo con su punto de vista, liberar a Venezuela del régimen autocrático, intentando un golpe de Estado jurídico al presidente constitucional de Venezuela.
Otros ejemplos de lawfare, de judicialización de la política y del orden constitucional venezolano han sido realizado por el denominado “T.S.J. en el exilio”, juramentado por la Asamblea Nacional en desacato en julio del 2017, tutelado por Mike Pence en la sede la OEA en Washington, donde se instaló por un tiempo, diseñando la estrategia de los golpes jurídicos a ejecutar.
Entre los principales lawfare contra el presidente Maduro, me voy a referir al el del 3 de mayo del 2018: cuando el “T.S.J. en el exilio” sentenció la suspensión de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y ordenó su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.
En el mismo día el grupo político “Vente Venezuela” publicó en el periódico El Nacional un comunicado en el que respaldaba la decisión del tribunal ficticio de inhabilitar al presidente Maduro; hizo un llamado a dimitir al gobierno y a inabilitar al presidente Maduro, también, para el ejercicio de cualquier cargo público, además instó a la fuerza imperial estadounidense a apoyar estas decisiones.
En esta fase del desarrollo del capital, los Estados, guiados por el autoritarismo del mercado y por el fascismo financiero, se caracterizan por procesos de desdemocratización y despolitización: el poder político se debilita, ya no son los parlamentos los que deciden las políticas a seguir; son las instituciones financieras internacionales, instancias no electas democráticamente, las que fijan las políticas nacionales.
Es esta la forma como el despotismo del mercado pretende gobernar y disciplinar también a nuestro país: sus objetivos inmediatos son el control de nuestro territorio, de nuestra población y de todas nuestras instituciones. Reapoderarse del poder estatal es para los Estados Unidos absolutamente primordial: es por tal razón que Venezuela está expuesta a un permanente sobresalto, a una desestabilización política y económica continuada.
Frente a esta enorme amenaza debemos profundizar los procesos democráticos de toma de decisión, distribuyendo el poder en todas las instancias de participación social.
Es imprescindible ampliar y profundizar en toda Venezuela la presencia y la actuación del Poder Popular organizado: hay que repolitizar al país, fortalecer las organizaciones del Poder Popular, del poder comunal. Solo un pueblo consciente puede asumir su papel activo y protagónico en este proceso de liberación nacional.
Por estas razones, hay que avanzar en todos los espacios del Poder Público en el proceso de transformación y en la construcción de nuevas instituciones más democráticas como está aconteciendo en el Poder Ejecutivo con los Consejos Productivos de los Trabajadores, con las distintas formas de los Consejos Presidenciales: del gobierno popular de las comunas, de la juventud, de las mujeres; con los bricomiles, etc.
En el Poder Legislativo seguir practicando el parlamentarismo social de calle.
En el Poder Judicial impulsar el Plan Estratégico para su transformación institucional, que empezó en el 2013, con la participación de funcionarios, comunidades obreras, campesinas, estudiantiles e indígenas.
En el actual contexto es imprescindible propiciar un mayor vínculo, una colaboración, una cohesión de las mayorías populares con nuestra institución.
Para efectuar este propósito podríamos establecer una relación más directa y operativa entre las estructuras comunales y el Poder Judicial.
En los consejos comunales deberían estar presentes los jueces de paz; en las comunas los jueces comunales. Cuando fundemos el Estado Comunal sería importante edificar las Cortes Comunales y finalmente en el Estado Nación tener un Tribunal Supremo Popular de Justicia.
Desde el Poder Judicial, como jueces, nuestra tarea es contribuir con la creación de una sociedad más justa, más incluyente, más ecuánime.
Quiero hacer una última consideración.
Desde nuestros lugares de trabajo, como funcionarios de los distintos Poderes Públicos, desde nuestra práctica de trabajo cotidiana debemos reforzar la legitimación de las instituciones en que actuamos; para lograr este objetivo debemos mantener la transparencia en nuestro ejercicio profesional.
Debemos, en el cumplimiento de nuestra función pública, ser creíbles: la credibilidad de nuestro accionar es y debe ser una característica fundamental de nuestra labor institucional.
Los ciudadanos venezolanos tienen el derecho constitucional de exigir que desempeñemos con responsabilidad nuestras funciones; en efecto, conducirnos con transparencia es nuestro deber y es un derecho de los ciudadanos venezolanos exigirnos tal conducta.
Disponer de funcionarios competentes, calificados es un reto en todas las instituciones, pero, junto a estas cualidades, son imprescindibles atributos como la integridad, la honestidad, el decoro, es decir cualidades morales personales…, aún conscientes, como Marx observó, que las pasiones más violentas y miserables de los seres humanos son las furias del interés personal.
Como imagen de los Poderes Públicos no podemos incurrir en abusos de poder cuyo fin son los provechos personales o grupales particulares. No podemos instrumentalizar nuestra función pública para favorecer nuestros fines privados.
La corrupción también es un proceso desestabilizador, representa una amenaza para la democracia participativa, socava los principios de una correcta administración, los principios de la equidad y de la justicia social; obstaculiza y distorsiona la consistencia de las instituciones democráticas y los fundamentos morales de la sociedad.
Como dicen los zapatistas mayas; los funcionarios públicos en todos sus niveles deben aprender a mandar obedeciendo y obedecer mandando.
Hay, entre las distintas formas de corrupción, la más nociva, me refiero a la corrupción institucional: se manifiesta como una degeneración del sistema de las instituciones públicas de un País. Este proceso se define “Captura del Estado”, sería una captura que somete, sujeta a los gobernantes y a los funcionarios públicos a la voluntad de los lobistas, de grupos de presión, de grupos empresariales poderosos; ofrecen sobornos para obtener beneficios o tratamientos preferenciales para sus negocios y sus intereses.
La corrupción, es un hecho social grave en todos los Poderes Públicos pero lo es más aún en el Poder Judicial; en este poder asegura la impunidad de las prácticas corruptas.
Debemos tomar conciencia que todo sistema sociopolítico puede ser debilitado y hasta liquidado, también por la impunidad y la anomia interna.
Como decía nuestro Libertador en 1829: “la destrucción de la moral pública causa bien pronto la disolución del Estado”.
Hay que avanzar en nuestro proyecto, fundamentado constitucionalmente, en la unidad y la colaboración de todos los poderes públicos con honradez, rectitud, probidad para resistir las embestidas de las agresiones imperiales en todas sus formas, con discernimiento, valentía y alegría.
Muchas gracias.
Fotografia de Luis Fernando Damiani Bustillos
Luis Fernando Damiani Bustillos: Licenciado en Derecho y en Sociología. Con Maestría en Sociología Política: Universidad de Paris (1976). Diplome D’Etudes Approfondies (D.E.A). Universidad de Paris (1997) y Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A) en la Universidad Complutense de Madrid (2001). Investigador Activo de la U.C.V. Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde el 2015, Coordinador General del Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, Presidente del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, Miembro Principal del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales., Coordinador de Venezuela ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, Profesor en la Maestría en Derecho Internacional Público y de Amparo Constitucional en el Programa de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Rector (E) y Vicerrector de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Profesor agregado a dedicación Exclusiva de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: FACES, UCV (1997). Ha recibido los premios Bienal APUCV al Libro de Texto Universitario (1995, 1997), así como el Premio Anual al Trabajo de Ascenso. Edición 1997. Área de Ciencias Sociales. Entre sus publicaciones se destacan los libros: Epistemología y Ciencia en la Modernidad: El Traslado de la Racionalidad de las Ciencias Físico-Naturales a las Ciencias Sociales y La Diversidad Metodológica de la Sociología. Es autor de numerosos artículos en el área de Sociología Política, Epistemología y Sociología del Conocimiento. Su último artículo “La lucha política por la construcción de una hegemonía popular en el espacio jurídico de la sociedad venezolana 1999-2021, publicado en la revista “Crítica Jurídica y Política en Nuestra América # 11. (Noviembre – diciembre de 2021).
